La visión migratoria de la italiana Giorgia Meloni sigue ganando terreno en Bruselas. La Comisión Europea pretende endurecer todavía más la política migratoria comunitaria al relajar los criterios con los que los Estados pueden deportar los migrantes a terceros países considerados seguros, permitiendo, por ejemplo, que se expulse a los migrantes a países aunque no tengan ninguna conexión directa con ellos.
Hasta ahora, los Estados podían deportar a migrantes a países terceros, que no son de los que provenían de origen, pero que los Estados consideraban seguros. Sin embargo, la ley europea prevé la existencia un vínculo entre esta persona y el tercer país, como la residencia allí de un familiar o que el migrante hubiese trabajado allí en el pasado. Lo que la UE propone ahora es poder eliminar la obligación de este vínculo y que, en lugar de ello, sean los Estados quienes puedan optar por aplicar el concepto de tercer país seguro en base a su legislación nacional. Es más: consideran que el tránsito a través de un tercer país seguro antes de llegar a la UE también puede considerarse ahora una “conexión” suficiente para aplicar el concepto de tercer país seguro.
Nuevos criterios
El tránsito de un migrante por un país será suficiente para aplicar el concepto de tercer país seguro
Cuando no haya conexión o tránsito, el concepto puede aplicarse si existe un acuerdo con un tercer país seguro, parecido al que ya realizó Meloni con Albania para crear centros de deportaciones en el país candidato a entrar en la UE. Con la diferencia que entonces la primera ministra italiana pretendía enviar a los migrantes a estos centros para que esperaran allí mientras se resolvía su solicitud de asilo, mientras ahora, si Tirana está de acuerdo, podrían ser expulsados allí de forma permanente. “Dicho acuerdo o arreglo garantizará que se examine la solicitud de protección efectiva en el tercer país seguro, de modo que los solicitantes puedan recibir protección si está justificado”, describe la Comisión en su propuesta, que se reserva la potestad de dar el visto bueno a estos acuerdos.
Esta opción de momento no viene acompañada de una lista de países que podrían ser clasificados como terceros países seguros. “No es a cualquier país, sino a los países que respeten los altos estándares que están fijados en las leyes”, subraya un funcionario europeo. Según el derecho comunitario, los terceros países pueden considerarse seguros cuando cumplen una serie de condiciones, “como la protección contra la devolución, la ausencia de un riesgo real de daños graves y de amenazas a la vida y la libertad por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, así como la posibilidad de solicitar y recibir una protección efectiva”. Eso sí, la medida no se aplicará a menores no acompañados.
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El otro gran cambio es que, de ser aprobada la propuesta comunitaria, a partir de ahora, y para “reducir los retrasos procesales y evitar abusos”, los recursos no paralizarán un proceso de expulsión de forma automática, pese a las críticas de las organizaciones humanitarias. “Podemos esperar que se separen familias y se deporte a personas sin el debido control judicial a lugares que ni siquiera conocen. Esta no es forma de estar a la altura de los valores europeos de dignidad humana y derechos humanos”, ha denunciado Silvia Carta, miembro de PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados).
El comisario europeo de Migración, el austriaco Magnus Brunner, partidario de la línea dura, ha enmarcado la propuesta dentro de la “importante presión migratoria” a la que han estado sometidos los países de la UE durante la última década. “El concepto revisado de tercer país seguro es otra herramienta para ayudar a los Estados a tramitar las solicitudes de asilo de manera más eficiente, respetando plenamente los valores y derechos fundamentales de la UE”, ha indicado en un comunicado.
Nuevas mayorías
Crece la presión política en la UE para que endurezca la política migratoria
La propuesta todavía debe recibir la luz verde tanto del Consejo de la UE, donde están representados los Veintisiete estados , como del Parlamento Europeo. Sin embargo, no debería ser complicado que la recibiera ya que la Eurocámara es la más derechizada de la historia y también cada vez son más los Estados gobernados por ejecutivos conservadores que piden que la UE sea más estricta con las leyes migratorias.
Con esta idea Bruselas recoge el guante del Pacto sobre Migración y Asilo, que ya planteaba una revisión sobre la materia antes de junio de 2025, pero lo hace en un momento en que la UE ha pisado el acelerador no solo para gestionar las llegadas a los países comunitarios sino también para agilizar las expulsiones. Todo, solo dos meses después de que el Ejecutivo comunitario crease el marco legal para que los Estados lleguen a acuerdos de forma bilateral con otros Estados fuera de la UE para crear campos de deportaciones para expulsar a los migrantes cuya solicitud ya ha sido rechazada por un país de la UE. Según los datos de la Comisión, solo el 20% de los casos de migrantes en situación irregular con orden de repatriación son efectivamente expulsados.
